Purchase Socially Responsible (Q3708702): Difference between revisions
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Compra Socialmente Responsable | |||||||||||||||
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En un contexto particular de desarrollo territorial en el que Mayotte es ahora reconocida como el departamento francés y la región europea más pobre, en 2016, el CRESS responde a esto mediante un primer mecanismo llamado «Compra Socialmente Responsable» limitado a la inclusión de cláusulas sociales y el seguimiento de su correcta aplicación. La acción «Compra socialmente responsable» continuó en 2018 gracias a la cofinanciación del FSE en el marco del programa «Desarrollo, Desarrollo Territorial e Inclusión Social». De este modo, este último ha permitido realizar un _focus_ en la inserción de las cláusulas y el seguimiento de su correcta ejecución, así como en la animación territorial necesaria para promover la actividad. Hoy, al final del boom, el régimen puede reducirse a 35 contratos públicos «calificados», es decir, 158.440 horas de inserción creadas a través de la ayuda del CRESS. Además, la ministra de Trabajo, Muriel PENICAUD, durante su secuencia ministerial en Mayotte en noviembre de 2018, acogió con satisfacción estos resultados y alentó la continuación de esta acción, especialmente en vista de los numerosos contratos públicos previstos por el Estado para 2019. Así, el CRESS identifica la necesidad, por un lado, de continuar con estas actividades iniciales, que impulsan una dinámica de inclusión social a través de la cláusula social, y, por otro, de ir más allá mediante el desarrollo de nuevas actividades. Esta es la razón por la que la actividad «Compra Socialmente Responsable» se está convirtiendo en un dispositivo de pleno derecho. Este artículo se basa en 3 actividades: * Actividad 1: la animación territorial de las compras socialmente responsables; * Actividad 2: la inclusión de cláusulas sociales y el seguimiento de su correcta aplicación; * Actividad 3: desarrollo económico de las empresas EIA y SEE. Estas tres actividades, complementarias e inseparables, están intrínsecamente vinculadas. Por lo que respecta a la información, la adquisición socialmente responsable tiene por objeto establecer o estructurar una política de contratación pública o privada responsable desde el punto de vista social o medioambiental con un enfoque de desarrollo sostenible. Este modelo de desarrollo busca responder a las necesidades económicas, sociales y ambientales a través de soluciones con plazos fijos, como el comercio justo (por ejemplo, la producción de café). En los últimos años, la legislación europea ha exigido cada vez más a los compradores públicos y privados que tengan en cuenta el desarrollo sostenible en sus esfuerzos. La contratación pública se refiere a cualquier inversión pública realizada por «compradores públicos» como, por ejemplo, las autoridades locales en relación con la política de la ciudad, incluidos el departamento, las intercomunidades, los municipios, etc. Las compras privadas representan inversiones realizadas por «compradores privados» que son empresas de todo tipo. Por una parte, en el ámbito de la contratación pública, existen mecanismos jurídicos para luchar contra la pobreza y la exclusión social. El régimen de inclusión social más común para la contratación pública es «la inclusión de cláusulas sociales» de conformidad con el artículo 38 de la Orden n.º 2015-899, de 23 de julio de 2015, sobre contratación pública (NB: esta orden será codificada en el nuevo Código de Comando Público, que entrará en vigor el 1 de abril de 2019; este código será la referencia oficial de las cláusulas sociales a partir de esa fecha). El objetivo es incluir en el pliego de condiciones una cláusula que obligue a las empresas seleccionadas (es decir, a las empresas que ganaron el contrato o a los lotes del contrato) a emplear durante un cierto número de horas fuera del empleo. Por otra parte, los «mercados reservados» son también un medio legal, previsto en los artículos 36 y 37 del auto de 23 de julio de 2015, que permite a los compradores públicos dedicar un contrato (o mucho del contrato) a las empresas SIAE o SSE. De esta manera, apoya el desarrollo y estructuración de la oferta de integración de las empresas SIAE y ESS. Así pues, los legisladores europeos y franceses reconocen estos modelos de emprendimiento (SIAE y ESS) como una herramienta para combatir la pobreza y promover la inclusión social. Para aplicar estas normas, el objetivo de la actividad 2 «la inserción de cláusulas sociales y el seguimiento de su buen desempeño» es sistematizar los contratos públicos reservados a las SIAE y la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos de Mayotte acompañando a todos los actores asociados (adquirentes públicos, empresas adjudicatarias, servicios de prescripción, SIAE, etc.). A nivel de compradores privados, es cada vez más necesario hoy en día establecer una responsabilidad social (o social) de la empresa. Esta responsabilidad, también conocida como RSE, reúne todas las prácticas puestas en práctica. (Spanish) | |||||||||||||||
| Property / summary: En un contexto particular de desarrollo territorial en el que Mayotte es ahora reconocida como el departamento francés y la región europea más pobre, en 2016, el CRESS responde a esto mediante un primer mecanismo llamado «Compra Socialmente Responsable» limitado a la inclusión de cláusulas sociales y el seguimiento de su correcta aplicación. La acción «Compra socialmente responsable» continuó en 2018 gracias a la cofinanciación del FSE en el marco del programa «Desarrollo, Desarrollo Territorial e Inclusión Social». De este modo, este último ha permitido realizar un _focus_ en la inserción de las cláusulas y el seguimiento de su correcta ejecución, así como en la animación territorial necesaria para promover la actividad. Hoy, al final del boom, el régimen puede reducirse a 35 contratos públicos «calificados», es decir, 158.440 horas de inserción creadas a través de la ayuda del CRESS. Además, la ministra de Trabajo, Muriel PENICAUD, durante su secuencia ministerial en Mayotte en noviembre de 2018, acogió con satisfacción estos resultados y alentó la continuación de esta acción, especialmente en vista de los numerosos contratos públicos previstos por el Estado para 2019. Así, el CRESS identifica la necesidad, por un lado, de continuar con estas actividades iniciales, que impulsan una dinámica de inclusión social a través de la cláusula social, y, por otro, de ir más allá mediante el desarrollo de nuevas actividades. Esta es la razón por la que la actividad «Compra Socialmente Responsable» se está convirtiendo en un dispositivo de pleno derecho. Este artículo se basa en 3 actividades: * Actividad 1: la animación territorial de las compras socialmente responsables; * Actividad 2: la inclusión de cláusulas sociales y el seguimiento de su correcta aplicación; * Actividad 3: desarrollo económico de las empresas EIA y SEE. Estas tres actividades, complementarias e inseparables, están intrínsecamente vinculadas. Por lo que respecta a la información, la adquisición socialmente responsable tiene por objeto establecer o estructurar una política de contratación pública o privada responsable desde el punto de vista social o medioambiental con un enfoque de desarrollo sostenible. Este modelo de desarrollo busca responder a las necesidades económicas, sociales y ambientales a través de soluciones con plazos fijos, como el comercio justo (por ejemplo, la producción de café). En los últimos años, la legislación europea ha exigido cada vez más a los compradores públicos y privados que tengan en cuenta el desarrollo sostenible en sus esfuerzos. La contratación pública se refiere a cualquier inversión pública realizada por «compradores públicos» como, por ejemplo, las autoridades locales en relación con la política de la ciudad, incluidos el departamento, las intercomunidades, los municipios, etc. Las compras privadas representan inversiones realizadas por «compradores privados» que son empresas de todo tipo. Por una parte, en el ámbito de la contratación pública, existen mecanismos jurídicos para luchar contra la pobreza y la exclusión social. El régimen de inclusión social más común para la contratación pública es «la inclusión de cláusulas sociales» de conformidad con el artículo 38 de la Orden n.º 2015-899, de 23 de julio de 2015, sobre contratación pública (NB: esta orden será codificada en el nuevo Código de Comando Público, que entrará en vigor el 1 de abril de 2019; este código será la referencia oficial de las cláusulas sociales a partir de esa fecha). El objetivo es incluir en el pliego de condiciones una cláusula que obligue a las empresas seleccionadas (es decir, a las empresas que ganaron el contrato o a los lotes del contrato) a emplear durante un cierto número de horas fuera del empleo. Por otra parte, los «mercados reservados» son también un medio legal, previsto en los artículos 36 y 37 del auto de 23 de julio de 2015, que permite a los compradores públicos dedicar un contrato (o mucho del contrato) a las empresas SIAE o SSE. De esta manera, apoya el desarrollo y estructuración de la oferta de integración de las empresas SIAE y ESS. Así pues, los legisladores europeos y franceses reconocen estos modelos de emprendimiento (SIAE y ESS) como una herramienta para combatir la pobreza y promover la inclusión social. Para aplicar estas normas, el objetivo de la actividad 2 «la inserción de cláusulas sociales y el seguimiento de su buen desempeño» es sistematizar los contratos públicos reservados a las SIAE y la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos de Mayotte acompañando a todos los actores asociados (adquirentes públicos, empresas adjudicatarias, servicios de prescripción, SIAE, etc.). A nivel de compradores privados, es cada vez más necesario hoy en día establecer una responsabilidad social (o social) de la empresa. Esta responsabilidad, también conocida como RSE, reúne todas las prácticas puestas en práctica. (Spanish) / rank | |||||||||||||||
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| Property / summary: En un contexto particular de desarrollo territorial en el que Mayotte es ahora reconocida como el departamento francés y la región europea más pobre, en 2016, el CRESS responde a esto mediante un primer mecanismo llamado «Compra Socialmente Responsable» limitado a la inclusión de cláusulas sociales y el seguimiento de su correcta aplicación. La acción «Compra socialmente responsable» continuó en 2018 gracias a la cofinanciación del FSE en el marco del programa «Desarrollo, Desarrollo Territorial e Inclusión Social». De este modo, este último ha permitido realizar un _focus_ en la inserción de las cláusulas y el seguimiento de su correcta ejecución, así como en la animación territorial necesaria para promover la actividad. Hoy, al final del boom, el régimen puede reducirse a 35 contratos públicos «calificados», es decir, 158.440 horas de inserción creadas a través de la ayuda del CRESS. Además, la ministra de Trabajo, Muriel PENICAUD, durante su secuencia ministerial en Mayotte en noviembre de 2018, acogió con satisfacción estos resultados y alentó la continuación de esta acción, especialmente en vista de los numerosos contratos públicos previstos por el Estado para 2019. Así, el CRESS identifica la necesidad, por un lado, de continuar con estas actividades iniciales, que impulsan una dinámica de inclusión social a través de la cláusula social, y, por otro, de ir más allá mediante el desarrollo de nuevas actividades. Esta es la razón por la que la actividad «Compra Socialmente Responsable» se está convirtiendo en un dispositivo de pleno derecho. Este artículo se basa en 3 actividades: * Actividad 1: la animación territorial de las compras socialmente responsables; * Actividad 2: la inclusión de cláusulas sociales y el seguimiento de su correcta aplicación; * Actividad 3: desarrollo económico de las empresas EIA y SEE. Estas tres actividades, complementarias e inseparables, están intrínsecamente vinculadas. Por lo que respecta a la información, la adquisición socialmente responsable tiene por objeto establecer o estructurar una política de contratación pública o privada responsable desde el punto de vista social o medioambiental con un enfoque de desarrollo sostenible. Este modelo de desarrollo busca responder a las necesidades económicas, sociales y ambientales a través de soluciones con plazos fijos, como el comercio justo (por ejemplo, la producción de café). En los últimos años, la legislación europea ha exigido cada vez más a los compradores públicos y privados que tengan en cuenta el desarrollo sostenible en sus esfuerzos. La contratación pública se refiere a cualquier inversión pública realizada por «compradores públicos» como, por ejemplo, las autoridades locales en relación con la política de la ciudad, incluidos el departamento, las intercomunidades, los municipios, etc. Las compras privadas representan inversiones realizadas por «compradores privados» que son empresas de todo tipo. Por una parte, en el ámbito de la contratación pública, existen mecanismos jurídicos para luchar contra la pobreza y la exclusión social. El régimen de inclusión social más común para la contratación pública es «la inclusión de cláusulas sociales» de conformidad con el artículo 38 de la Orden n.º 2015-899, de 23 de julio de 2015, sobre contratación pública (NB: esta orden será codificada en el nuevo Código de Comando Público, que entrará en vigor el 1 de abril de 2019; este código será la referencia oficial de las cláusulas sociales a partir de esa fecha). El objetivo es incluir en el pliego de condiciones una cláusula que obligue a las empresas seleccionadas (es decir, a las empresas que ganaron el contrato o a los lotes del contrato) a emplear durante un cierto número de horas fuera del empleo. Por otra parte, los «mercados reservados» son también un medio legal, previsto en los artículos 36 y 37 del auto de 23 de julio de 2015, que permite a los compradores públicos dedicar un contrato (o mucho del contrato) a las empresas SIAE o SSE. De esta manera, apoya el desarrollo y estructuración de la oferta de integración de las empresas SIAE y ESS. Así pues, los legisladores europeos y franceses reconocen estos modelos de emprendimiento (SIAE y ESS) como una herramienta para combatir la pobreza y promover la inclusión social. Para aplicar estas normas, el objetivo de la actividad 2 «la inserción de cláusulas sociales y el seguimiento de su buen desempeño» es sistematizar los contratos públicos reservados a las SIAE y la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos de Mayotte acompañando a todos los actores asociados (adquirentes públicos, empresas adjudicatarias, servicios de prescripción, SIAE, etc.). A nivel de compradores privados, es cada vez más necesario hoy en día establecer una responsabilidad social (o social) de la empresa. Esta responsabilidad, también conocida como RSE, reúne todas las prácticas puestas en práctica. (Spanish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 14 January 2022
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Revision as of 04:29, 14 January 2022
Project Q3708702 in France
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Purchase Socially Responsible |
Project Q3708702 in France |
Statements
322,633.08 Euro
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417,648.0 Euro
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77.25 percent
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1 July 2019
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30 June 2021
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Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Mayotte
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12°49'22.98"S, 45°9'7.49"E
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Dans un contexte de développement territorial particulier où Mayotte est reconnue aujourd’hui comme le département français et la région européenne la plus pauvre, en 2016, la CRESS répond à ce constat par un premier dispositif appelé « Achat socialement responsable » limité à l’insertion de clauses sociales et au suivi de leur bonne exécution. L’action « Achat socialement responsable » a été poursuivie en 2018 grâce au cofinancement du FSE dans le cadre du dispositif « ESSor, projet de développement territorial et d’inclusion sociale ». Ce dernier a ainsi permis de faire un _focus_ sur l’insertion des clauses et le suivi de leur bonne exécution ainsi que sur l’animation territoriale nécessaire à la promotion de l’activité. Aujourd’hui, à la fin du dispositif ESSor, le dispositif peut se résumer à 35 marchés publics « clausés » soit à 158 440 heures d’insertion créées grâce au concours de la CRESS. Par ailleurs, Mme la Ministre du travail Muriel PENICAUD, lors de sa séquence ministérielle à Mayotte en novembre 2018, a salué ces résultats et a encouragé la poursuite de cette action, notamment dans l’optique des nombreux marchés publics prévus par l’Etat pour l’année 2019. Ainsi, la CRESS identifie le besoin, d’une part, de continuer ces premières activités impulsant une dynamique d’inclusion sociale grâce à la clause sociale, et d’autre part, d’aller plus loin par le développement de nouvelles activités. C’est pourquoi, l’activité « Achat socialement responsable » devient aujourd’hui un dispositif à part entière. Celui-ci s’article autour de 3 activités : * Activité 1 : l’animation territoriale de l’Achat socialement responsable ; * Activité 2 : l’insertion de clauses sociales et le suivi de leur bonne exécution ; * Activité 3 : le développement économique des entreprises de l'IAE et de l'ESS. Complémentaires et indissociables, ces trois activités sont intrinsèquement liées. Pour information, l’Achat socialement responsable a pour vocation à mettre en place ou à structurer une politique d’achats publics ou privés responsables au niveau social et/ou environnemental dans une logique de développement durable. Ce modèle de développement cherche à répondre à des besoins économiques, sociaux et écologiques en s’inscrivant dans le temps par des solutions pérennes à l’exemple du commerce équitable (ex. production de café). Ces dernières années la réglementation européenne impose de plus en plus aux acheteurs publics et privés de prendre en compte des éléments de développement durable dans leurs démarches. L’achat public correspond à tout investissement public fait par les « acheteurs publics » comme, par exemple, les collectivités en lien avec la politique de la ville dont le département, les intercommunalités, les communes, etc. L’achat privé quant à lui représente les investissements réalisés par les « acheteurs privés » qui sont des entreprises de tout type. D’un côté, au niveau de l’achat public il existe des dispositifs juridiques permettant de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le dispositif d’inclusion sociale le plus commun au niveau de la commande publique est « l’insertion de clauses sociales » conformément à l’article 38 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (NB: cette ordonnance sera codifiée dans le nouveau Code de la Commande publique qui entrera en vigueur le 1er avril 2019 ; ce code sera la référence officielle des clauses sociales à partir de cette date). L’objectif est d’inclure une clause dans le cahier des charges du marché obligeant les entreprises attributaires (c’est-à-dire, les entreprises ayant remporté le marché ou des lots du marché) à employer pour un certain nombre d’heures des personnes éloignées de l’emploi. D’un autre côté, « les marchés réservés » sont également un moyen juridique, prévus dans les articles 36 et 37 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, permettant aux acheteurs publics de consacrer un marché (ou un lot du marché) aux SIAE ou aux entreprises de l’ESS. De cette manière, ce dispositif permet de soutenir le développement et la structuration de l’offre d’insertion des SIAE et des entreprises de l’ESS. Les législateurs européen et français reconnaissent, ainsi, ces modèles d’entrepreneuriat (SIAE et ESS) comme un outil pour combattre la pauvreté et promouvoir l’inclusion sociale. Afin d’appliquer cette réglementation, l’objectif de l’activité 2 « l’insertion de clauses sociales et le suivi de leur bonne exécution » est de systématiser les marchés publics réservés aux SIAE et l’insertion des clauses sociales dans les marchés publics de Mayotte en accompagnant tous les acteurs associés (acheteurs publics, entreprises attributaires, services prescripteurs, SIAE, etc.). Au niveau des acheteurs privés, de plus en plus s’impose de nos jours, la mise en place d’une responsabilité sociétale (ou sociale) de l’entreprise. Cette responsabilité, également appelée RSE regroupe l’ensemble des pratiques mises en pla (French)
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In a particular context of territorial development where Mayotte is now recognised as the French department and the poorest European region, in 2016, the CRESS responds to this by a first mechanism called “Socially Responsible Purchase” limited to the inclusion of social clauses and the monitoring of their proper implementation. The Action “Socially Responsible Purchase” was continued in 2018 thanks to ESF co-financing under the “Development, Territorial Development and Social Inclusion” scheme. The latter has thus made it possible to make a _focus_ on the insertion of the clauses and the monitoring of their proper execution as well as on the territorial animation necessary to promote the activity. Today, at the end of the boom, the scheme can be reduced to 35 “clawed” public contracts, i.e. 158,440 hours of insertion created through the assistance of the CRESS. In addition, the Minister of Labour Muriel PENICAUD, during her ministerial sequence in Mayotte in November 2018, welcomed these results and encouraged the continuation of this action, particularly in view of the numerous public contracts planned by the State for 2019. Thus, the CRESS identifies the need, on the one hand, to continue these initial activities, which drive a dynamic of social inclusion through the social clause, and on the other, to go further by developing new activities. This is why the activity “Socially Responsible Purchase” is now becoming a fully-fledged device. This article is based on 3 activities: * Activity 1: the territorial animation of socially responsible purchasing; * Activity 2: the inclusion of social clauses and the monitoring of their proper implementation; * Activity 3: economic development of EIA and ESS enterprises. Complementary and inseparable, these three activities are intrinsically linked. For information, socially responsible purchasing is intended to establish or structure a socially and/or environmentally responsible public or private procurement policy in a sustainable development approach. This development model seeks to respond to economic, social and environmental needs through time-bound solutions such as fair trade (e.g. coffee production). In recent years, European legislation has increasingly required public and private buyers to take sustainable development into account in their efforts. Public procurement refers to any public investment made by “public buyers” such as, for example, local authorities in connection with city policy, including the department, intercommunities, municipalities, etc. Private purchasing represents investments made by “private buyers” which are enterprises of all kinds. On the one hand, at the level of public procurement, there are legal mechanisms to combat poverty and social exclusion. The most common social inclusion scheme for public procurement is “the inclusion of social clauses” in accordance with Article 38 of Ordinance No 2015-899 of 23 July 2015 on public procurement (NB: this order will be codified in the new Public Command Code, which will come into force on April 1, 2019; this code will be the official reference of social clauses from that date). The aim is to include a clause in the contract specifications obliging the successful undertakings (i.e. the companies which won the contract or lots of the contract) to employ for a certain number of hours persons away from employment. On the other hand, ‘reserved markets’ are also a legal means, provided for in Articles 36 and 37 of the order of 23 July 2015 cited above, allowing public purchasers to devote a contract (or a lot of the contract) to SIAEs or SSE undertakings. In this way, it supports the development and structuring of the integration offer of SIAE and ESS companies. European and French legislators thus recognise these entrepreneurship models (SIAE and ESS) as a tool to combat poverty and promote social inclusion. In order to implement these rules, the objective of activity 2 “the insertion of social clauses and the monitoring of their proper performance” is to systematise public contracts reserved for SIAEs and the inclusion of social clauses in the Mayotte public contracts by accompanying all the associated actors (public buyers, companies awarded contracts, prescribing services, SIAE, etc.). At the level of private buyers, it is increasingly necessary today to establish a societal (or social) responsibility of the company. This responsibility, also known as CSR, brings together all the practices put into practice. (English)
22 November 2021
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Vor dem Hintergrund der besonderen territorialen Entwicklung, in der Mayotte heute als das französische Departement und die ärmste europäische Region anerkannt wird, reagiert CRESS 2016 auf diese Feststellung mit einem ersten Instrument namens „Sozial verantwortlicher Kauf“, das sich auf die Aufnahme von Sozialklauseln und die Überwachung ihrer ordnungsgemäßen Umsetzung beschränkt. Die Maßnahme „Sozial verantwortlicher Kauf“ wurde 2018 mit ESF-Kofinanzierung im Rahmen des Programms „Boom, Projekt für territoriale Entwicklung und soziale Eingliederung“ fortgesetzt. Auf diese Weise konnte ein Schwerpunkt auf die Aufnahme der Klauseln und die Überwachung ihrer ordnungsgemäßen Ausführung sowie auf die für die Förderung der Tätigkeit erforderliche territoriale Betreuung gelegt werden. Heute, am Ende des boomenden Systems, kann das System auf 35 „geregelte“ öffentliche Aufträge beschränkt sein, d. h. 158 440 Einarbeitsstunden, die dank des CRESS-Beitrags geschaffen wurden. Darüber hinaus begrüßte die Ministerin für Arbeit Muriel PENICAUD im November 2018 in Mayotte diese Ergebnisse und ermutigte die Fortsetzung dieser Maßnahme, insbesondere im Hinblick auf die zahlreichen vom Staat für 2019 geplanten öffentlichen Aufträge. So stellt der CRESS fest, dass es notwendig ist, einerseits diese ersten Aktivitäten fortzusetzen, die durch die Sozialklausel eine Dynamik der sozialen Eingliederung auslösen, und andererseits durch die Entwicklung neuer Aktivitäten weiter zu gehen. Aus diesem Grund wird die Tätigkeit „Sozial verantwortlicher Einkauf“ heute zu einem eigenständigen Instrument. Es handelt sich um drei Aktivitäten: * Aktivität 1: die territoriale Betreuung des sozial verantwortlichen Kaufs; * Aktivität 2: Aufnahme von Sozialklauseln und Überwachung ihrer ordnungsgemäßen Umsetzung; * Aktivität 3: wirtschaftliche Entwicklung von IAE- und SSW-Unternehmen. Diese drei Tätigkeiten sind komplementär und untrennbar miteinander verbunden. Zur Information hat der sozial verantwortliche Kauf die Aufgabe, eine Politik der verantwortungsvollen öffentlichen oder privaten Beschaffung auf sozialer und/oder ökologischer Ebene im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu entwickeln oder zu strukturieren. Dieses Entwicklungsmodell zielt darauf ab, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Bedürfnissen gerecht zu werden, indem es langfristige Lösungen nach dem Beispiel des fairen Handels (z. B. Kaffeeproduktion) vorsieht. In den letzten Jahren sind öffentliche und private Auftraggeber aufgrund der EU-Rechtsvorschriften zunehmend verpflichtet, die Elemente der nachhaltigen Entwicklung in ihren Prozessen zu berücksichtigen. Bei der öffentlichen Auftragsvergabe handelt es sich um alle öffentlichen Investitionen, die von „öffentlichen Auftraggebern“ getätigt werden, wie z. B. Gebietskörperschaften im Zusammenhang mit der Stadtpolitik, einschließlich des Departements, der Interkommunalitäten, der Gemeinden usw. Der private Erwerb stellt Investitionen dar, die von „privaten Käufern“ getätigt werden, bei denen es sich um Unternehmen aller Art handelt. Auf der einen Seite gibt es auf der Ebene der öffentlichen Auftragsvergabe rechtliche Regelungen zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung. Das allgemeinste System der sozialen Eingliederung auf der Ebene des öffentlichen Auftragswesens ist die „Einfügung von Sozialklauseln“ gemäß Artikel 38 der Verordnung Nr. 2015-899 vom 23. Juli 2015 über das öffentliche Auftragswesen (NB: diese Verordnung wird im neuen Gesetzbuch über öffentliche Aufträge kodifiziert, das am 1. April 2019 in Kraft tritt; dieser Kodex ist die offizielle Referenz der Sozialklauseln ab diesem Zeitpunkt). Ziel ist es, eine Klausel in die Verdingungsunterlagen aufzunehmen, wonach die erfolgreichen Unternehmen (d. h. die Unternehmen, die den Zuschlag erhalten haben oder Lose des Auftrags erhalten haben), für eine bestimmte Anzahl von Stunden Personen beschäftigen müssen, die von der Beschäftigung entfernt sind. Andererseits sind „Reservierte Aufträge“ auch ein in den Art. 36 und 37 der genannten Verordnung vom 23. Juli 2015 vorgesehenes rechtliches Mittel, das es öffentlichen Auftraggebern ermöglicht, einen Auftrag (oder ein Los) an die SIAE oder die Unternehmen der SSW zu vergeben. Auf diese Weise wird die Entwicklung und Strukturierung des Integrationsangebots der SIAE und der SSW-Unternehmen unterstützt. So erkennen die europäischen und französischen Gesetzgeber diese Geschäftsmodelle (SIAE und ESS) als Instrument zur Bekämpfung der Armut und zur Förderung der sozialen Inklusion an. Zur Umsetzung dieser Regelung besteht das Ziel der Tätigkeit 2 „Einfügung von Sozialklauseln und Überwachung ihrer ordnungsgemäßen Ausführung“ darin, die den SIAE vorbehaltenen öffentlichen Aufträge und die Aufnahme von Sozialklauseln in die öffentlichen Aufträge von Mayotte durch Begleitung aller beteiligten Akteure (öffentliche Auftraggeber, Zuschlagsempfänger, verschreibende Dienstleistungen, SIAE usw.) zu systematisieren. (German)
1 December 2021
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In een bijzondere context van territoriale ontwikkeling, waar Mayotte nu erkend wordt als het Franse departement en de armste Europese regio, in 2016 reageert het CRESS hierop met een eerste mechanisme genaamd „Socially Responsible Purchase”, dat beperkt is tot het opnemen van sociale clausules en het toezicht op de correcte uitvoering ervan. De actie „Sociaal verantwoord kopen” werd in 2018 voortgezet dankzij de medefinanciering van het ESF in het kader van de regeling „Ontwikkeling, territoriale ontwikkeling en sociale integratie”. Deze laatste heeft het dus mogelijk gemaakt om de clausules in te voegen en toezicht te houden op de correcte uitvoering ervan en op de territoriale dynamisering die nodig is om de activiteit te bevorderen. Vandaag kan de regeling aan het einde van de hausse worden teruggebracht tot 35 „geklonken” overheidsopdrachten, d.w.z. 158.440 uur aan invoeging door de hulp van het CRESS. Daarnaast toonde de minister van Arbeid Muriel PENICAUD zich tijdens haar ministeriële bijeenkomst in Mayotte in november 2018 verheugd over deze resultaten en moedigde hij de voortzetting van deze actie aan, met name in het licht van de talrijke door de staat geplande overheidsopdrachten voor 2019. Het CRESS wijst er dan ook op dat enerzijds deze initiële activiteiten, die een dynamiek van sociale integratie door middel van de sociale clausule stimuleren, moeten worden voortgezet en anderzijds door de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Daarom wordt de activiteit „Socially Responsible Purchase” nu een volwaardig apparaat. Dit artikel is gebaseerd op 3 activiteiten: * Activiteit 1: de territoriale dynamisering van maatschappelijk verantwoorde inkoop; * Activiteit 2: de opneming van sociale clausules en het toezicht op de correcte tenuitvoerlegging ervan; * Activiteit 3: economische ontwikkeling van MEB- en ESS-ondernemingen. Deze drie activiteiten zijn complementair en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor informatie is maatschappelijk verantwoord inkopen bedoeld om een sociaal en/of milieuvriendelijk overheids- of particulier aanbestedingsbeleid te ontwikkelen of te structureren in het kader van duurzame ontwikkeling. Dit ontwikkelingsmodel is bedoeld om in te spelen op economische, sociale en milieubehoeften door middel van tijdgebonden oplossingen zoals eerlijke handel (bv. koffieproductie). In de afgelopen jaren heeft de Europese wetgeving steeds meer geëist dat publieke en particuliere kopers bij hun inspanningen rekening moesten houden met duurzame ontwikkeling. Overheidsopdrachten hebben betrekking op overheidsinvesteringen van „overheidsinkopers”, zoals bijvoorbeeld lokale overheden in verband met het stadsbeleid, met inbegrip van het departement, intercommunities, gemeenten, enz. Particuliere aankopen zijn investeringen van „particuliere kopers” die allerlei soorten ondernemingen zijn. Enerzijds bestaan er op het niveau van overheidsopdrachten wettelijke mechanismen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. De meest voorkomende sociale-insluitingsregeling voor overheidsopdrachten is „het opnemen van sociale clausules” overeenkomstig artikel 38 van Verordening (EU) 2015-899 van 23 juli 2015 inzake overheidsopdrachten (NB: dit bevel zal worden gecodificeerd in de nieuwe code voor het openbaar commando, die op 1 april 2019 in werking treedt; deze code is de officiële referentie van sociale clausules vanaf die datum). Het doel is in het bestek een clausule op te nemen die de succesvolle ondernemingen (d.w.z. de ondernemingen die het contract of de partijen van de overeenkomst hebben gewonnen) verplicht om voor een bepaald aantal uren personen buiten dienst te stellen. Anderzijds zijn de „gereserveerde markten” ook een rechtsmiddel dat is voorzien in de artikelen 36 en 37 van de beschikking van 23 juli 2015, op grond waarvan overheidsinkopers een contract (of een partij van de overeenkomst) kunnen wijden aan SIAE’s of SSE-ondernemingen. Op deze manier ondersteunt het de ontwikkeling en structurering van het integratieaanbod van SIAE en ESS-bedrijven. Europese en Franse wetgevers erkennen deze ondernemerschapsmodellen (SIAE en ESS) als een instrument om armoede te bestrijden en sociale inclusie te bevorderen. Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze regels heeft activiteit 2 „invoeging van sociale clausules en toezicht op de goede uitvoering ervan” tot doel de voor SIAE’s gereserveerde overheidsopdrachten te systematiseren en sociale clausules op te nemen in de overheidsopdrachten van Mayotte door alle betrokken actoren te begeleiden (inkopers van de overheid, ondernemingen waaraan opdrachten zijn gegund, voorschrijvende diensten, SIAE enz.). Op het niveau van particuliere kopers wordt het tegenwoordig steeds noodzakelijker om een maatschappelijke (of sociale) verantwoordelijkheid van het bedrijf vast te stellen. Deze verantwoordelijkheid, ook wel MVO genoemd, brengt alle in praktijk gebrachte praktijken samen. (Dutch)
6 December 2021
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In un particolare contesto di sviluppo territoriale in cui Mayotte è ormai riconosciuta come il dipartimento francese e la regione europea più povera, nel 2016 il CRESS risponde a ciò con un primo meccanismo denominato "Acquisto socialmente responsabile" limitato all'inclusione di clausole sociali e al monitoraggio della loro corretta attuazione. L'azione "Acquisto socialmente responsabile" è proseguita nel 2018 grazie al cofinanziamento dell'FSE nell'ambito del regime "Sviluppo, sviluppo territoriale e inclusione sociale". Quest'ultima ha così reso possibile un _focus_ sull'inserimento delle clausole e sul monitoraggio della loro corretta esecuzione, nonché sull'animazione territoriale necessaria per promuovere l'attività. Oggi, al termine del boom, il regime può essere ridotto a 35 appalti pubblici "incassati", ossia 158.440 ore di inserimento create attraverso l'assistenza del CRESS. Inoltre, il ministro del Lavoro Muriel PENICAUD, durante la sua sequenza ministeriale a Mayotte nel novembre 2018, ha accolto con favore tali risultati e ha incoraggiato il proseguimento di tale azione, in particolare alla luce dei numerosi appalti pubblici previsti dallo Stato per il 2019. Pertanto, il CRESS individua la necessità, da un lato, di proseguire queste attività iniziali, che guidano una dinamica di inclusione sociale attraverso la clausola sociale e, dall'altro, di andare oltre sviluppando nuove attività. Ecco perché l'attività "Acquisto Socialmente Responsabile" sta diventando un vero e proprio dispositivo. Questo articolo si basa su 3 attività: * Attività 1: l'animazione territoriale degli acquisti socialmente responsabili; * Attività 2: l'inclusione di clausole sociali e il monitoraggio della loro corretta attuazione; * Attività 3: sviluppo economico delle imprese VIA e SSE. Complementari e inseparabili, queste tre attività sono intrinsecamente collegate. A titolo informativo, l'acquisto socialmente responsabile ha lo scopo di definire o strutturare una politica di appalti pubblici o privati socialmente e/o ecologicamente responsabile in un approccio di sviluppo sostenibile. Questo modello di sviluppo mira a rispondere alle esigenze economiche, sociali e ambientali attraverso soluzioni limitate nel tempo, come il commercio equo e solidale (ad esempio la produzione di caffè). Negli ultimi anni, la legislazione europea ha sempre più richiesto agli acquirenti pubblici e privati di tenere conto dello sviluppo sostenibile nei loro sforzi. Gli appalti pubblici si riferiscono a qualsiasi investimento pubblico effettuato da "acquirente pubblico" come, ad esempio, le autorità locali in relazione alla politica urbana, compresi il dipartimento, le intercomunità, i comuni, ecc. Gli acquisti privati rappresentano investimenti effettuati da "acquirente privato" che sono imprese di ogni tipo. Da un lato, a livello degli appalti pubblici, esistono meccanismi giuridici per combattere la povertà e l'esclusione sociale. Il regime di inclusione sociale più comune per gli appalti pubblici è "l'inclusione di clausole sociali" ai sensi dell'articolo 38 dell'ordinanza n. 2015-899 del 23 luglio 2015 sugli appalti pubblici (NB: tale ordinanza sarà codificata nel nuovo Codice del Comando Pubblico, che entrerà in vigore il 1º aprile 2019; questo codice sarà il riferimento ufficiale delle clausole sociali a partire da tale data). L'obiettivo è quello di inserire nel capitolato d'oneri una clausola che obblighi le imprese prescelte (ossia le imprese che hanno vinto l'appalto o i lotti del contratto) a impiegare per un certo numero di ore persone che non lavorano. Per contro, i "mercati riservati" costituiscono anche un mezzo giuridico, previsto dagli articoli 36 e 37 del citato decreto del 23 luglio 2015, che consente agli acquirenti pubblici di dedicare un contratto (o un sacco di contratto) alla SIAE o alle imprese SSE. In questo modo, supporta lo sviluppo e la strutturazione dell'offerta di integrazione delle aziende SIAE e ESS. I legislatori europei e francesi riconoscono pertanto questi modelli di imprenditorialità (SIAE e ESS) come uno strumento per combattere la povertà e promuovere l'inclusione sociale. Ai fini dell'attuazione di tali norme, l'obiettivo dell'attività 2 "l'inserimento di clausole sociali e il controllo della loro corretta esecuzione" è quello di sistematizzare gli appalti pubblici riservati ai SIAE e l'inclusione di clausole sociali negli appalti pubblici Mayotte accompagnando tutti gli attori associati (acquirente pubblico, imprese aggiudicate, servizi di prescrizione, SIAE, ecc.). A livello di acquirenti privati, oggi è sempre più necessario stabilire una responsabilità sociale (o sociale) dell'impresa. Questa responsabilità, nota anche come RSI, riunisce tutte le pratiche messe in pratica. (Italian)
13 January 2022
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En un contexto particular de desarrollo territorial en el que Mayotte es ahora reconocida como el departamento francés y la región europea más pobre, en 2016, el CRESS responde a esto mediante un primer mecanismo llamado «Compra Socialmente Responsable» limitado a la inclusión de cláusulas sociales y el seguimiento de su correcta aplicación. La acción «Compra socialmente responsable» continuó en 2018 gracias a la cofinanciación del FSE en el marco del programa «Desarrollo, Desarrollo Territorial e Inclusión Social». De este modo, este último ha permitido realizar un _focus_ en la inserción de las cláusulas y el seguimiento de su correcta ejecución, así como en la animación territorial necesaria para promover la actividad. Hoy, al final del boom, el régimen puede reducirse a 35 contratos públicos «calificados», es decir, 158.440 horas de inserción creadas a través de la ayuda del CRESS. Además, la ministra de Trabajo, Muriel PENICAUD, durante su secuencia ministerial en Mayotte en noviembre de 2018, acogió con satisfacción estos resultados y alentó la continuación de esta acción, especialmente en vista de los numerosos contratos públicos previstos por el Estado para 2019. Así, el CRESS identifica la necesidad, por un lado, de continuar con estas actividades iniciales, que impulsan una dinámica de inclusión social a través de la cláusula social, y, por otro, de ir más allá mediante el desarrollo de nuevas actividades. Esta es la razón por la que la actividad «Compra Socialmente Responsable» se está convirtiendo en un dispositivo de pleno derecho. Este artículo se basa en 3 actividades: * Actividad 1: la animación territorial de las compras socialmente responsables; * Actividad 2: la inclusión de cláusulas sociales y el seguimiento de su correcta aplicación; * Actividad 3: desarrollo económico de las empresas EIA y SEE. Estas tres actividades, complementarias e inseparables, están intrínsecamente vinculadas. Por lo que respecta a la información, la adquisición socialmente responsable tiene por objeto establecer o estructurar una política de contratación pública o privada responsable desde el punto de vista social o medioambiental con un enfoque de desarrollo sostenible. Este modelo de desarrollo busca responder a las necesidades económicas, sociales y ambientales a través de soluciones con plazos fijos, como el comercio justo (por ejemplo, la producción de café). En los últimos años, la legislación europea ha exigido cada vez más a los compradores públicos y privados que tengan en cuenta el desarrollo sostenible en sus esfuerzos. La contratación pública se refiere a cualquier inversión pública realizada por «compradores públicos» como, por ejemplo, las autoridades locales en relación con la política de la ciudad, incluidos el departamento, las intercomunidades, los municipios, etc. Las compras privadas representan inversiones realizadas por «compradores privados» que son empresas de todo tipo. Por una parte, en el ámbito de la contratación pública, existen mecanismos jurídicos para luchar contra la pobreza y la exclusión social. El régimen de inclusión social más común para la contratación pública es «la inclusión de cláusulas sociales» de conformidad con el artículo 38 de la Orden n.º 2015-899, de 23 de julio de 2015, sobre contratación pública (NB: esta orden será codificada en el nuevo Código de Comando Público, que entrará en vigor el 1 de abril de 2019; este código será la referencia oficial de las cláusulas sociales a partir de esa fecha). El objetivo es incluir en el pliego de condiciones una cláusula que obligue a las empresas seleccionadas (es decir, a las empresas que ganaron el contrato o a los lotes del contrato) a emplear durante un cierto número de horas fuera del empleo. Por otra parte, los «mercados reservados» son también un medio legal, previsto en los artículos 36 y 37 del auto de 23 de julio de 2015, que permite a los compradores públicos dedicar un contrato (o mucho del contrato) a las empresas SIAE o SSE. De esta manera, apoya el desarrollo y estructuración de la oferta de integración de las empresas SIAE y ESS. Así pues, los legisladores europeos y franceses reconocen estos modelos de emprendimiento (SIAE y ESS) como una herramienta para combatir la pobreza y promover la inclusión social. Para aplicar estas normas, el objetivo de la actividad 2 «la inserción de cláusulas sociales y el seguimiento de su buen desempeño» es sistematizar los contratos públicos reservados a las SIAE y la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos de Mayotte acompañando a todos los actores asociados (adquirentes públicos, empresas adjudicatarias, servicios de prescripción, SIAE, etc.). A nivel de compradores privados, es cada vez más necesario hoy en día establecer una responsabilidad social (o social) de la empresa. Esta responsabilidad, también conocida como RSE, reúne todas las prácticas puestas en práctica. (Spanish)
14 January 2022
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201900459
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